El gobierno de Irán ordenó un apagón total de internet la noche del 8 de enero, alrededor de las 20:30 horas locales, dejando incomunicados a cerca de 85 millones de personas. La medida se da en medio de un clima de tensión social, luego de protestas iniciadas en diciembre en Teherán, provocadas por el colapso de la moneda nacional y una inflación desbordada que golpea directamente a la población.
De acuerdo con la organización NetBlocks, que monitorea el tráfico digital a nivel global, para la mañana siguiente el 99% del país permanecía sin conexión. El bloqueo no se limitó al acceso a internet: también fueron interrumpidas las comunicaciones telefónicas fijas y móviles. Además, el régimen activó un operativo para bloquear señales GPS e impedir el acceso a Starlink, el servicio satelital de Elon Musk que en ocasiones anteriores había permitido a activistas mantenerse conectados.
Esta estrategia no es nueva. Irán ya ha recurrido al apagón digital como mecanismo de control social. El primer antecedente ocurrió en noviembre de 2019, durante protestas por el aumento en el precio de la gasolina que dejaron más de 300 muertos. El segundo se registró en 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, un caso que desató manifestaciones masivas dentro y fuera del país.
Organismos como Amnistía Internacional advierten que este tipo de cortes no solo buscan frenar la organización de protestas, sino también ocultar violaciones a derechos humanos. Al aislar al país del exterior, se dificulta la documentación de abusos y la difusión de información independiente sobre la represión estatal.
Desde el punto de vista técnico, el apagón se logra mediante el control del BGP (Border Gateway Protocol), el sistema que dirige el tráfico de datos en internet. A través de una técnica conocida como “null routing”, las autoridades ordenan a los routers descartar toda la información destinada a ciertas redes. En la práctica, los datos simplemente desaparecen, dejando a todo un país silenciado digitalmente.